El mercado reacciona así a la noticia que responde al delicado estado financiero de la siderúrgica vasca, que acumula una deuda neta de 263 millones de euros —con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como principal acreedor tras el rescate de 2021— y que cerró 2025 con pérdidas de 118 millones de euros, frente a los beneficios del ejercicio anterior. En las cuentas anuales de 2025, auditadas por Ernst & Young (EY), los auditores advierten de la “existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento”.

La vía concursal se perfila como la única alternativa para ordenar la deuda y facilitar la entrada de un inversor industrial, una solución que ya se ha aplicado en otros casos del sector. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la deuda con la SEPI, cuya reestructuración no ha sido autorizada, lo que ha bloqueado hasta ahora cualquier operación corporativa.

Mientras tanto, la situación también tiene un fuerte componente político y social. El Gobierno vasco ha intensificado la presión sobre el Ejecutivo central para que facilite una solución, planteando incluso la flexibilización de las condiciones del préstamo de la SEPI.

En paralelo, los sindicatos —ELA, LAB, UGT y ESK— han impugnado el ERE ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El expediente contemplaba inicialmente 301 salidas, que finalmente se redujeron a 242, todas ellas voluntarias, con indemnizaciones de 45 días por año trabajado y prejubilaciones a partir de los 57 años. La Inspección de Trabajo avaló el proceso al considerar que se negoció correctamente y sin fraude, aunque el conflicto sigue judicializado y los trabajadores mantienen movilizaciones y una huelga indefinida en la planta de Amurrio.