El presidente de Sidenor y Talgo, José Antonio Jainaga, y la empresa Tubacex han mostrado interés por presentar una oferta para la adquisición de Tubos Reunidos, en concurso de acreedores, y han pedido acceder a los datos y cifras de la firma alavesa para comprobar su situación real. El plazo para que los inversores interesados en la firma presenten ofertas por la empresa ya está abierto y, según publica este miércoles El Correo, tanto Jainaga como Tubacex han mandado a la administradora concursal una carta de confidencialidad mostrando su interés por el grupo. Ni Jainaga ni la compañía tubera han querido confirmar ni desmentir este extremo.
Esa carta les permite acceder a la información financiera de la empresa, así como visitar las plantas y reunirse con dirección y sindicatos. Si después deciden seguir adelante, deberán presentar una oferta final, lo que ocurriría en septiembre.
Las reglas establecidas por la administración concursal para regular el proceso fijan que, primero, se intentará vender todo el grupo; pero, si no hay ofertas para ello, se deja la puerta abierta a que haya ofertas sobre alguna de las unidades productivas de Tubos Reunidos. De hecho, la situación de sus dos fábricas principales -Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia)- es muy diferente: La alavesa está peor que la vizcaína, y de hecho, el ERE que planteó la dirección preveía inicialmente 274 salidas en Amurrio y solo 27 en Trapagaran.
A la hora de valorar las ofertas que puedan presentarse, se tendrá en cuenta su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, el mantenimiento del empleo y condiciones laborales y la asunción de pasivos. La oferta final deberá incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad durante un mínimo de 2 años. Tubos Reunidos tiene una deuda de 263 millones, de los cuales más de la mitad, 150 millones, se deben a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Su situación se ha complicado aún más con el reciente registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de las oficinas de Tubos en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. EFE
