28 de Noviembre de 2023 
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El empresario guipuzcoano José María Aristrain se enfrenta a una pena de 64 años de cárcel y a una multa de 1.190 millones de euros por defraudar 211 millones a Hacienda entre los años 2005 y 2009. Es la pena solicitada por la Fiscalía de Madrid, en el mayor caso de fraude fiscal en España. Lo más sorprendente, sin embargo, es que Aristrain se opone a cualquier negociación (con la Fiscalía o la Abogacía del Estado) y así se lo ha hecho saber a sus abogados.
Aristrain vive en Suiza y se ha librado, hasta ahora, del foco mediático, algo que no podrá evitar en semanas si finalmente llega, como parece, juicio oral. No es para menos, si tenemos en cuenta que no es un empresario cualquiera, sino que es un industrial de peso en el sector acerero, atesora un patrimonio, según Forbes, de unos 1.700 millones de euros. Todo eso, en fin, le sitúa entre las diez personas más ricas de España y en el puesto 736 de las fortunas del mundo.
También quiso hacerse con Indra, durante la privatización proyectada en la última legislatura, junto al poderoso inversor belga Albert Frère. O sea, comprar, el 20% en manos de la Sepi.
El caso del fraude fiscal se remonta a 2005, año en que Hacienda comenzó a investigar al empresario, que “simuló” el traslado de su domicilio fiscal a Suiza, aunque su recorrido viene de más atrás. Se remonta, en concreto, a 1998, año en que Aristrain crea una sociedad en Holanda para beneficiarse de un trato fiscal ventajoso y posteriormente en otros países, como Luxemburgo.
Gracias a esas estructuras societarias, el empresario ha eludido el pago de impuestos por dividendos o por las plusvalías generadas en la venta de participaciones. Ese beneficio, según la fiscalía, fue reintroducido después en España o desviado a paraísos fiscales como Islas Vírgenes y Malta.
El fiscal acusa al empresario, en concreto, de 15 delitos fiscales, y de haber defraudado 210 millones. Por esa razón le impuso una fianza de 750 millones de euros y el empresario presentó las garantías correspondientes en 24 horas.
El problema no era liquidez -lo dejó muy claro-, ni dentro ni fuera de España. En esas garantías, de hecho, combinó inmuebles nacionales -una manzana en el centro de Madrid, la antigua embajada de Reino Unido, fincas o un palacete en Sevilla– y avales del extranjero.
El empresario ha decidido quedarse donde está o lo que es lo mismo: esperar al juicio oral y si la condena llega que llegue. Sorprendente, en cualquier caso, porque la decisión choca con el criterio de los abogados que le han defendido hasta ahora, y que han permitido que el caso se demore.
No sólo choca sólo con sus abogados, sino con sus asesores y gestores, que entienden que lo mejor es llegar a un acuerdo y pactar una cantidad. Pero no, Aristrain no sólo ha decidido no hacerlo y asegura a sus más allegados que no lo hará.
Se expondrá así al foco mediático que ha esquivado hasta ahora a costa del anonimato. Ni él ni su mujer aparecen en ninguna fiesta. Tampoco hay fotos en Internet. Paga en efectivo para no dejar rastro y cambia de móvil o terminal las veces que haga falta.
Eso sí, les rodea una tropa de escoltas allá donde viaje, siempre en jet privado para no pisar un aeropuerto como el resto de los mortales.
Aristrain tiene una finca de Andalucía, que es la única que frecuenta últimamente. Lo hace viajando desde Portugal -en su jet privado, of course– y desde ahí se desplaza en carretera desde el Algarve. Es el único modo de evitar el control desde España.
