UNESID, la asociación que representa a los productores de acero y de tubos, asegura que se han producido unos 55 millones de euros menos en 2023 por las importaciones “fraudulentas” de tubos de acero de China declaradas como estructuras fotovoltaicas. El pasado año se importaron de China 119.807 toneladas de estructuras para la construcción de este tipo de instalaciones (más de 55.000 toneladas adicionales, lo que prácticamente duplica el volumen registrado en 2022).
En 2023, se importaron 61.000 toneladas de estructuras chinas por debajo de 1.100 euros/tonelada, un importe que se asemeja más al de los tubos de acero que a las estructuras elaboradas. Por tanto, se puede estimar que la cantidad de tubos mal declarada oscila entre 50.000 y 60.000 toneladas.
El director general de UNESID, Andrés Barceló, asegura que “algunos importadores declaran los tubos como estructuras solares con la intención de eludir la regulación europea de importaciones de productos de acero, lo que está distorsionado al mercado. Los derechos a pagar cuando se superan los contingentes marcados en la salvaguardia son del 25% del valor de la mercancía”.
En este sentido, Barceló explica que “como los tubos o los perfiles laminados en caliente están sujetos a las medidas de salvaguardia establecidas por la Comisión Europea y los contingentes chinos se suelen agotar todos los trimestres, los importadores los declaran como estructuras metálicas. Pero, cortar los tubos a medida, galvanizarlos o mecanizar cuatro taladros, no los convierten en estructura”.
“Declararlos mal es una manera de eludir las medidas de salvaguardia, reducir el pago de aranceles, perjudicar a las arcas públicas y levantar estructuras sobre materiales que no son lo suficientemente consistentes y duraderos en el tiempo. No es muy coherente hablar de sostenibilidad y, al mismo tiempo, incumplir la legislación vigente”, defiende el director general.
UNESID lleva tiempo denunciando esta situación. Cabe recordar que ya lo puso en conocimiento de la Agencia Tributaria y solicitó que se cobrasen los derechos de salvaguardia a los que están sujetos estos materiales establecidos por la Comisión Europea desde 2019. Asimismo, ha contactado con otros organismos competentes tanto nacionales como comunitarios porque considera que no es un asunto exclusivamente aduanero.
España se encuentra inmerso en un importante proceso de inversión en instalaciones de energía fotovoltaica para cumplir los objetivos de descarbonización. Las instalaciones seguirán creciendo hasta alcanzar los 65 GW en 2030, y se necesitarán alrededor de 100.000 toneladas anuales de tubos y perfiles de acero.
Asimismo, es el segundo país con más capacidad instalada de paneles solares en 2023, la mayor parte de ellos instalados sobre el suelo en seguidores solares. En este tipo de instalaciones supera a Alemania, líder en capacidad solar instalada el año pasado en la UE, según Solar Power Europe.
Para el director general de UNESID “esta fuerte inversión podría generar un gran valor añadido localmente, ya que contamos con la industria con capacidad para proveer este material de manera competitiva. Por tanto, resulta imprescindible que estos materiales procedentes de fuera de la UE paguen los derechos de salvaguardia de acuerdo a lo establecido en la normativa aduanera”.