La Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la American Society of Mechanical Engineers (Asme) han constituido en España el primer Grupo de Trabajo Internacional —International Working Group (IWG)—, con el objetivo de contar a nivel nacional con un sector industrial más competitivo. Este proyecto va a permitir que la industria mecánica adopte un papel activo en la redacción y revisión de las normas que les afectan.

El grupo de trabajo está integrado en la familia de comités de normalización de Asme, y se centra concretamente en la Sección IX ‘Soldadura: Desarrollo y calificación de Procedimientos y Soldadores’ del Código de Calderas y Recipientes a Presión de Asme —Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)—.

En España hay 85 fabricantes de equipos industriales certificados por Asme, y el objetivo es que en los próximos años se establezcan más grupos de trabajo que cubran otras secciones del código BPVC, reconocido y utilizado mundialmente en más de 100 países en el campo del diseño y la fabricación de recipientes a presión.

En este sentido, Javier Quintela, director industrial de Lointek, ha sido nombrado presidente de este grupo de trabajo, mientras que Lluis Villabrille, welding manager de Idesa, ocupa la vicepresidencia. Por su parte, la secretaría técnica está gestionada por Flavia Rodríguez, responsable de Bienes de Equipo Mecánicos y Medio Ambiente del Departamento de Mercado Interior de Sercobe.

Asme impulsa en diferentes países estos grupos de trabajo para que empresas certificadas con el código BPVC, que no pueden asistir a todas las reuniones de los comités de normalización que esta organización celebra en Estados Unidos o Canadá, puedan participar activamente en el desarrollo de nuevas normas o de su revisión.

Además de en España, actualmente hay establecidos Grupos de Trabajo Internacionales en Argentina, China, Alemania, India, Italia y Corea.

El gigante estadounidense del aluminio presentó ayer sus resultados financieros del primer trimestre del año, en el que perdió 199 millones de dólares (cerca de 177 millones de euros, al cambio actual), una cifra que contrasta con la del mismo período del 2018, en el que se anotó 173 millones de euros de beneficios.La entrada en números rojos se produce, según explicaron a inversores y analistas los directivos de la multinacional, por el impacto en las cuentas del cierre de sus plantas en A Coruña y Avilés.

El coste inicial de la reestructuración, después de firmar en enero el acuerdo con los sindicatos, ascendió a 120 millones de dólares (unos 107 millones de euros). Pero la factura será más abultada. El impacto final dependerá de si se encuentra o no comprador para las fábricas, un proceso con el que la cúpula de Alcoa se mostró «comprometida», por boca de William Oplinger, vicepresidente y director financiero. Y no es para menos. Se juega 50 millones de euros.

Según los cálculos que manejan en la sede de Pittsburgh, la cuenta de la reestructuración se incrementará entre 70 y 125 millones de dólares (en euros, entre 62 y 111 millones) para cumplir con el plan social pactado con los representantes de los trabajadores. Tres cuartas partes de ese desembolso corresponderán a pagos en metálico.

El presidente de Alcoa, Roy Harvey, presentó ante el mercado el cierre de las dos plantas españolas como un sacrificio necesario, argumentando que su elevado coste de mantenimiento las hacía poco competitivas. Y lanzó un aviso que no tranquilizará a los trabajadores de otras fábricas: «Continuaremos revisando nuestra cartera de activos».