Seopan solicita ampliar los plazos de ejecución de las ayudas europeas para cumplir la previsión de crecimiento

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) sitúa entre el 1 y el 2,7% el crecimiento potencial del sector al que representa para este 2021, una horquilla amplia cuya concreción está condicionada por la ejecución presupuestaria -en 2020, los dos grandes ministerios inversores ejecutaron tan solo el 68,7% de su presupuesto-, las decisiones de las Administraciones Públicas de impulsar contratos de colaboración público-privadas y por la capacidad que tengan dichas administraciones de gestionar en plazo las ayudas europeas que, para 2021, se estiman en 34.490 millones de euros -M€-.

De ahí que las perspectivas para este año se presenten “inciertas”, en palabras del presidente de Seopan, Julián Núnez, que durante la rueda de prensa convocada este lunes, 22 de febrero, para dar a conocer el balance anual del sector y las previsiones para 2021, manifestó la conveniencia de que las autoridades competentes de la Unión Europea (UE) se plantearan una posible ampliación de los plazos de ejecución de estas ayudas, justificada según la asociación por los reducidos plazos existentes actualmente y los retrasos que se han producido para la aprobación de las normas reglamentarias de los fondos. 

Al respecto, Julián Núñez afirmó que “gestionar más de 34.000 millones en un año es algo muy complejo” y que “sería diferente si hubiéramos empezado 2021 con todo tramitado”, que no es el caso. “Es un tema más de plazos europeos y de que el impacto negativo de la Covid en la actividad económica va a afectar, si no a todo 2021, a una gran parte; y debería tenerse en cuenta dar algo más de plazo”, añadió el presidente de la patronal. Cabe destacar en este sentido que no es hasta el próximo 31 de agosto cuando se espera resolución de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al que están vinculados algo más de 24.000 M€.

En el balance anual realizado por Seopan se concreta el grado en el que las medidas de suspensión de la contratación pública y restricciones a la movilidad para afrontar la crisis sanitaria han impactado negativamente durante 2020 en la actividad del sector de la construcción: la licitación pública en obra civil se ha reducido un -26% (alcanzando los 8.364 M€) y la contratación pública un -40% (tan solo 6.348 M€) situándonos, en ambos casos, en niveles de 2014, según datos de Seopan.

Estas caídas se han traducido, según el análisis de Seopan, en un retroceso de la producción en la obra civil (-0,9%), que cortó la recuperación iniciada en 2019, cuando se había avanzado (4,9%) por primera vez en años. Por su parte, la edificación residencial se ralentizó, aunque siguió creciendo (37,3%, frente a más de un 76% en 2018), mientras que la edificación no residencial se contrajo un 3%. Desde el punto de vista del empleo, la asociación apunta el dato de que en marzo, abril y mayo se destruyeron 80.200 empleos de media al mes en total en el sector construcción, habiéndose recuperado en su práctica totalidad a final de año.

Por otro lado, partiendo de la desagregación de los tres subsectores de actividad (obra civil, edificación residencial y no residencial, en términos de producción en construcción nacional prepandemia (demanda pública y privada) se obtienen las siguientes previsiones de actividad, según Seopan, en términos de producción adicional a realizar en 2021: obra civil, 15,7% de la producción total nacional; edificación residencial-obra nueva, 33,8% de la producción total nacional; edificación residencial-rehabilitación, 21,5% de la producción total nacional; y edificación no residencial, 29,1% de la producción total nacional.

En todo caso, desde la patronal de constructoras subrayan que el sector ha seguido arrastrando este año dos importantes ineficiencias. La primera, relacionada con la ejecución presupuestaria de los dos grandes ministerios inversores (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), ya que en 2020 no ha superado el 68,7%. En los últimos 14 años, el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 M€, generando un efecto muy negativo en la actividad: 48.000 empleos anuales no creados y 20.145 M€ de retorno fiscal por impuestos y cotizaciones sociales dejados de percibir por el Estado en dicho periodo de tiempo.

“Esta situación de no ejecución -explican- se debe a los retrasos injustificados en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos, a la suspensión y resolución de contratos a causa de las adjudicaciones a ofertas con precios anormalmente bajos -que originan proyectos incompletos o de insuficiente calidad- y a la elevada judicialización de los problemas que surgen de la interpretación y cumplimiento de los contratos”.

La segunda es la indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados financieros para financiar las infraestructuras que el país necesita para resolver su déficit en infraestructuras prioritarias y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas. En 2020, el valor de las concesiones de infraestructuras apenas alcanzó los 50 M€.

El presidente de Seopan hizo referencia al informe realizado junto con Tecniberia que, centrado en la Agenda 2030, incluye las prioridades de inversión en España, especialmente en obras de salud y bienestar, aguas y saneamiento, energías no contaminantes o ciudades sostenibles. “Son proyectos de alto impacto socioeconómico y es ahora, con las ayudas europeas que esperamos, cuando tenemos la oportunidad de realizarlos, pero hay que ser conscientes de los plazos limitados y de la necesidad de impulsar el modelo concesional para ello”, concluyó Núñez.