Nissan ha comunicado al Gobierno oficialmente que cerrará la planta de la compañía en la Zona Franca de Barcelona. Lo ha hecho a primera hora de esta mañana. El Ejecutivo ha lamentado esta decisión, según ha informado el Ministerio de Industria, que ha propuesto a la presidencia de la firma japonesa crear un grupo de trabajo para buscar alternativas a la fábrica.

El ministerio sostiene que la continuidad de la planta de Barcelona es posible mediante el plan de viabilidad presentado hace unos meses a la presidencia de Nissan Motor Company Limited y elaborado de manera conjunta por Industria y la Generalidad de Cataluña, con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad Condal y el Consorcio Zona Franca.

En el comunicado, el departamento dirigido por Reyes Maroto insiste en que la continuidad de la fábrica barcelonesa, que emplea directamente a unas 3.000 personas e indirectamente a otras 30.000, tiene sentido económico para Nissan Motor, “al ser más rentable invertir que asumir el coste del cierre, que podría superar los 1.000 millones de euros”.

“La planta de Barcelona tiene carácter estratégico, ya que abandonar la Ciudad Condal y España es abandonar la Unión Europea, con el consiguiente coste reputacional en un mercado de más de 500 millones de habitantes”, añade el comunicado.

En la nota, Industria señala que, una vez conocida la decisión, que le fue comunicada oficialmente esta mañana, se inicia un periodo de negociaciones en el que se establecerán los plazos y las condiciones del proceso.

Así, el Gobierno de España convocará en los próximos días a Generalidad, Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio Zona Franca y centrales sindicales para analizar conjuntamente la situación y estudiar diferentes escenarios de futuro.

Por su parte, el presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha convocado este jueves a las 16:30 horas a los representantes del comité de empresa de Nissan en Barcelona a una reunión por videoconferencia.

Esta reunión de Quim Torra con la empresa hace inevitable recordar cómo desde el propio consistorio de la Ciudad Condal, hace muy pocas fechas, el 22 de abril, la número dos de la alcaldesa Ada Colau Janet Sanz, encargada de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, cargaba contra el sector del automóvil. Lo hacía durante un fórum virtual organiado por la revista Ciclosfera y decía que había que aprovechar la crisis del coronavirus para acabar con la industria del automóvil. “Es ahora o nunca. Hay que evitar que todo eso se reactive”, sentenciaba. Ya entonces, diferentes medios japoneses advertían de que la multinacional tenía la intención de cerrar su planta catalana y que trasladará su producción a fábricas de Renault.

Sin embargo, todo responde al nuevo plan estratégico de la compañía, en el marco de su alianza con Renault y Mitsubishi, que este miércoles presentó su programa a medio plazo para afrontar la crisis provocada por el impacto de las medidas puestas en marcha para combatir el coronavirus.

Este plan está basado en un nuevo planteamiento según el cual cada una de las cabeceras liderará el negocio de la alianza en cada zona geográfica. Según este reparto, Nissan será la marca de referencia en China, EEUU y Japón. Renault será la cabecera principal en Europa, Rusia, Hispanoamérica y norte de África; y Mitsubishi en el sudeste asiático y Oceanía.

Se trata del primer gran plan de la compañía que se pondrá en marcha desde la salida de Carlos Ghosn, expresidente de las tres compañías y quien forjó la unión entre Renault y Nissan hace 21 años. Ghosn fue arrestado en Japón en noviembre de 2018 por supuestas irregularidades financieras y, a finales de diciembre de 2019, violó las condiciones de su libertad bajo fianza y se fugó del país a Beirut.

Se trata de un modelo conocido como “líder-seguidor” orientado a dotar de mayor rentabilidad a cada una de las tres empresas de la alianza con la reducción de costes y una mayor sinergia de los beneficios.

Mientras se esperaba a la llegada de la noticia, los trabajadores de Barcelona continuaban con la huelga indefinida, que sumaba ya 23 días, y con las movilizaciones, ahora ya en la calle, tras semanas de no poder hacerlas por las restricciones impuestas por el estado de alarma debido a la covid-19.

La fábrica de Zona Franca —la más importante— ha ido perdiendo carga de trabajo de manera paulatina en el último año, lo que llevó ya a finales de 2019 a plantear un ERE con 600 prejubilaciones, mientras que la planta trabajaba por debajo del 30% de su capacidad.

La pandemia no ha hecho más que empeorar la situación y en estos momentos la fábrica está parada, con una huelga indefinida que afecta a parte de la plantilla, mientra que el resto continúa afectada por un ERTE.