La SEPI pide una auditoría a Grant Thornton y Ramón y Cajal antes de rescatar a Celsa

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quiere asegurarse de que la situación de insolvencia de la siderúrgica catalana es resultado de la pandemia y no de una coyuntura que la multinacional de la familia Rubiralta ya venía arrastrando desde 2012, cuando firmó la primera refinanciación de su abultada deuda. Según indican fuentes próximas a las negociaciones, Celsa ha remitido toda la documentación a la SEPI, para que sus técnicos analicen el estado de su balance y de su cuenta de resultados. Según estas fuentes, el volumen de información ha sido tal que desde el ente público han pedido un resumen más operativo que, aun así, supera las 200 páginas. Sin embargo, desde el ministerio, quieren resolver las dudas de si la situación de impago de Celsa desde el 3 de mayo de 2020 se explica solamente por la irrupción del covid-19 o si la compañía catalana ya sufría graves problemas anteriores de solvencia.

SEPI ha pedido ayuda a Grant Thornton y a Ramón y Cajal. La consultora está sometiendo a examen la información contable y financiera de la multinacional española, mientras que el bufete de abogados está analizando las implicaciones jurídicas del último auto del magistrado que anuló las medidas cautelares solicitadas por la empresa para evitar la ejecución de las garantías. Desde la SEPI y desde Celsa, han declinado hacer ningún comentario sobre esta información.