FER solicita reducir urgentemente las cargas administrativas

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha remitido una misiva a los ministerios de Interior y Medio Ambiente y a las CC. AA. en los que informa a sus responsables que las cargas administrativas que impone la Administración a los gestores de residuos pone en serio riesgo la viabilidad de las empresas que se dedican a la conversión de residuos en recursos en España. En la misiva que ha remitido FER, la patronal del reciclaje adjunta un estudio propio en el que se analizan los costes derivados de las cargas burocráticas y administrativas para las empresas, en relación a los datos obtenidos en el registro de obligaciones burocráticas por razón de normativa ambiental y en cumplimentar el archivo cronológico (artículo 40 de la Ley 22/2011).

En cuanto al volumen de operaciones, una gran parte de las empresas (el 33%) reporta más de 10.000 apuntes al año, otro 35% menos de 10.000 operaciones y destacan algunas que llevan a cabo más de 100.000 apuntes anuales. Lógicamente, apunta la directora general de FER, todas estas cargas burocráticas “se traducen en un elevado numero de horas de trabajo por parte del personal, que supone un elevado coste para las empresas”.

FER ha estimado que los gastos derivados de estos trámites suponen para cada empresa, independientemente de su volumen de facturación en un sector formado mayoritariamente por pymes, unos 20.000 euros anuales.
La disposición, “Control de actividades de gestión de residuos relevantes para la seguridad ciudadana”, contempla que realizar un registro único sería el método idóneo para satisfacer sus necesidades de información, sin imponer cargas innecesarias y desproporcionadas a las empresas.
FER considera imperativa y urgente la aplicación de esa disposición y se pone a disposición de ambos ministerios y de las diferentes CC.AA. para estudiar las vías por las que se puedan agilizar los trámites que acaben con las actuales cargas burocráticas y administrativas.

Por último, Alicia García-Franco denuncia que frente a esta situación, en la que las empresas legales que cumplen con sus obligaciones tiene cada vez más costes y trabas burocráticas, las empresas ilegales operan al margen de estos registros y obligaciones administrativas y sus costes derivados. (Más información próxima Revista Acermetal, 1 de Febrero).