La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno tiene el “máximo respeto” por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da la propiedad de la siderúrgica Celsa a los fondos que controlan su deuda, y ejecutará la resolución sin dejar de velar por los intereses estratégicos de España.
Así lo ha indicado este miércoles en Bruselas después de que el TSJC dictase el pasado lunes una sentencia que acuerda la homologación del plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que estos serán accionistas de la compañía en sustitución de los actuales propietarios, la familia Rubiralta.
En la resolución, el magistrado acordó homologar la reestructuración de Celsa al entender que el procedimiento reúne todos los requisitos legales, dado que el importe de la deuda (3.988 millones) es muy superior al valor de la compañía (entre 2.400 y 2.775 millones) y que, con la propuesta de los acreedores se asegura la viabilidad del Grupo.
“Veremos cómo se tienen que aplicar los instrumentos que tenemos, pensando siempre en el interés general de nuestro país, en la protección de los empleos y en la protección de esta importante capacidad industrial en España”, ha aseverado la vicepresidenta.
No obstante, ha incidido también en que “como ocurre en todo el resto de las operaciones” el Gobierno tendrá en mente “la defensa y la protección de los intereses estratégicos de España”.
