El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, defendió ayer miércoles ante la Audiencia Nacional que la empresa no cometió ninguna ilegalidad en la venta de acero a Israel. Según la versión ofrecida por la compañía, tanto Jainaga como otros dos directivos han explicado al juez que las operaciones se produjeron cuando no existía ninguna restricción legal, y que fue la propia Sidenor quien decidió interrumpir los envíos en julio, semanas antes de que el Gobierno español decretara un embargo oficial.

Las declaraciones han tenido lugar en el marco de una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que acusa a la empresa de posible contrabando y de haber facilitado material que podría ser utilizado en la fabricación de armas, en un contexto marcado por el conflicto en Gaza. El juez mantiene la investigación abierta, aunque por el momento no ha tomado medidas cautelares.

Acero sin control especial

Durante su comparecencia, los responsables de Sidenor han remarcado que el tipo de acero vendido no está recogido entre los productos sujetos a controles especiales ni en la normativa española ni en los reglamentos europeos. Además, han insistido en que nunca recibieron ningún aviso por parte de las autoridades que indicase la necesidad de una autorización específica.

Según ha comunicado la empresa, el material en cuestión corresponde a un tipo de acero sin alear utilizado habitualmente en la industria y no está considerado de doble uso. Así lo recoge también un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera que obra en poder del juez, según el cual el último envío fue cancelado por iniciativa de la propia compañía antes de su embarque en el puerto de Barcelona.

La defensa de Sidenor ha subrayado que las operaciones bajo sospecha representan menos del 0,2% de la facturación anual de la empresa. También han anunciado que en los próximos días entregarán al juez un informe pericial elaborado por una firma independiente, con el objetivo de demostrar que los productos enviados cumplían con la normativa vigente y que no estaban destinados a fines militares.

Este nuevo documento técnico explicará el recorrido completo de los pedidos, desde su origen hasta la producción y entrega, con el fin de reforzar la postura de que no existió ninguna vulneración legal.

Acusación de complicidad

A pesar de la argumentación de la defensa, la acusación mantiene que el fondo del caso no reside únicamente en el tipo de acero exportado, sino en su posible destino. El abogado de la asociación querellante, David Aranda, ha recordado que el material se vendió a Israel Military Industries (IMI), una empresa dedicada a la fabricación de armamento. Por ello, considera que debería haberse tramitado una autorización especial, al tratarse de un material que, aunque no esté expresamente prohibido, puede ser utilizado en la industria armamentística.