Así lo indicó en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, respondiendo a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, sobre las medidas para que la multinacional no se vaya de Asturias.
En su respuesta, Roqueñí señaló la importancia de ayudas públicas “potentes” para mantener la siderurgia y poder tener una política industrial que compita con Estados Unidos o con China.
El Gobierno asturiano también está insistiendo al Ejecutivo central en la necesidad de maximizar las compensaciones por costes indirectos de CO2 y también en que se proporciones un marco estable en los precios de la electricidad, de ayudas para el despliegue de hidrógeno, además de la implementación de acuerdos de compra de renovables entre ArcelorMittal y empresas energéticas.
ArcelorMittal sigue sin clarificar cuándo va a hacer uso de los 450 millones que el Gobierno le concedió de ayuda del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de descarbonización en Asturias. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2023 el Real Decreto que incluye la concesión directa para la ejecución del proyecto de hidrógeno circular. La compañía, sin embargo, no ha concretado aún cuándo va a realizar la planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) en Asturias. Tampoco ha confirmado la inversión en un horno eléctrico de Avilés.
Según Tomé, lo que viene haciendo la empresa a lo largo de estos años es chantajear “de forma permanente” a los gobiernos central y regional. Ha reclamado medidas que impidan a ese tipo de empresas deslocalizar su producción. “No existe un liderazgo claro para llevar a cabo una política industrial activa. Y con política industrial activa no nos referimos únicamente a inyectar dinero y desentenderse después”, lamentó. EP
