“La controvertida propuesta de Ley de reducción de jornada laboral en España será perjudicial para la industria, ya que su aprobación aumentará los costes laborales y reducirá la flexibilidad productiva, especialmente en sectores como la siderurgia. Además, pondrá en riesgo miles de empleos estables y de calidad, dificultará la contratación de personal cualificado y forzará la reducción de turnos y producción”, así lo ha afirmado Gema Palazón, directora de Organización y RRHH de UNESID en su último blog.
Sin entrar en lo profundo de la mediática y populista propuesta de Ley de reducción de jornada, que se está tramitando en estos momentos en el Congreso, puedo decir que no conozco a nadie, que no le gustara “ganar más y trabajar menos”. Así de sencillo, nadie. Esta “ensoñación” no es una cuestión ideológica, ni de género, de raza o sociedad más o menos civilizada, pero sí parece “venderse” como “idea de progreso” ya que, los países menos desarrollados y con menos oportunidades, valoran mucho más que nosotros el privilegio de tener un trabajo, aunque sea de 40 horas semanales.
Vivimos tiempos convulsos, especialmente agravados en los últimos meses. La incertidumbre económica y la debilidad en Europa han llevado a la UE a replantearse su modelo productivo, excesivamente dependiente de las importaciones, y a potenciar su industria para proteger el empleo de sus ciudadanos. En este contexto, la propuesta de reducción de jornada laboral en España amenaza con asfixiar aún más a la industria del acero, ya afectada por los mercados y los procesos de descarbonización y transformación industrial que requieren grandes inversiones y esfuerzos.
Si se aprueba esta ley, las consecuencias podrían ser demoledoras e irreversibles para la industria siderúrgica, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo estables y de calidad. Aunque algunos defensores de la reducción de jornada argumentan que las grandes empresas no se verán afectadas, esto no es del todo cierto. La reducción de jornada impactará en la flexibilidad laboral, esencial para modular la actividad productiva, como la nuestra, según la demanda cada vez más feroz.
Impacto económico
La cuestión económica es crucial. Las empresas ya tienen pactados salarios en el Diálogo Social, que parece ser menospreciado por los gobernantes. La ley aumentará significativamente los costes laborales[1], tanto directos como de servicios externalizados, afectando la competitividad de nuestras empresas. La memoria económica del proyecto de ley reconoce que los costes empresariales se elevarán un 7%.
Afectación productiva
La reducción de horas de trabajo llevará inevitablemente a ajustes en la actividad productiva y en el empleo. Si se adapta la producción a la nueva jornada, habrá que reducir volúmenes de producción, eliminando turnos y parando instalaciones. Esto disminuirá la oferta de productos esenciales como el acero, cuya sigue bajando pese al aumento del consumo en un 6.5% el último año. Aumentar las importaciones tendrá un efecto negativo en el PIB y la economía nacional y acabará con la industria siderúrgica en España.
Si la nueva jornada debe adaptarse a la actividad productiva, se producirán varios impactos:
Reorganización de la mano de obra: adaptar los turnos y relevos a la nueva jornada es prácticamente imposible sin reducir la actividad. La forma más realista sería aumentar el número de días libres al año. Con el aumento de permisos retribuidos y el absentismo por enfermedad común, en los últimos años, mantener la fabricación de acero en España es una hazaña de héroes.
Dificultades de contratación: los defensores de la medida apuntan que esto aumentará la contratación, pero el personal de nuestras fábricas es altamente cualificado y necesita formación continua. Contratar perfiles específicos para trabajar unas pocas horas a la semana es muy difícil.
Merma en la flexibilidad laboral: la industria siderúrgica necesita mantener la poca flexibilidad laboral que le queda. La reducción de jornada limitará la disponibilidad de los trabajos de los «correturnos», restringiendo la aplicación del artículo 34 ET, sobre la distribución irregular de la jornada, así como, la flexibilidad o bolsa de horas pactadas en muchos convenios. Esto repercutirá en una mayor presentación de ERTES para sobrellevar los «momentos valles de pedidos».
Nuestros competidores europeos deben estar frotándose las manos. Mientras otros países apoyan regulaciones que potencian su industria, en España decidimos «pegarnos un tiro en el pie» y asfixiar más a la nuestra. Es momento de que los políticos sean responsables y voten sensatamente en contra de esta medida, que no ha pedido nadie y que tiene graves consecuencias para el tejido industrial de nuestro país. La reducción de jornada conllevará pérdidas económicas, de producción, productividad, competitividad y empleos. Decir otra cosa es, simplemente, engañar.
[1] En 2025 la seguridad social se ha visto incrementada un 4% a través de las cotizaciones máximas, el mecanismo de equidad intergeneracional ha subido al 0,8% y se empieza a aplicar hasta un 1,17% de cuota de solidaridad para los sueldos a partir de 59k€ anuales.
Gema Palazón
Directora de Organización y RRHH de UNESID








