La industria electrointensiva, asfixiada

La situación de precios eléctricos que están sufriendo los consumidores industriales electrointensivos está poniendo en riesgo lo que debería haber sido el año de la recuperación, que amenaza ya  con ser un calvario en 2022 por las consecuencias terribles que el cierre de fábricas tendría para el empleo en España.

La singular característica de extrema sensibilidad al precio eléctrico de estas industrias —con costes eléctricos que llegan a alcanzar el 60% de los costes totales— está llevando a algunas empresas a parar su actividad o reducir su producción. El actual nivel de precios hace que ese 60% supere ahora el 75%, y haga inviable la continuidad de algunas compañías, más cuando los futuros eléctricos indican que se mantendrán a un nivel similar en el próximo año. 

A 31 de octubre, el diferencial de los precios eléctricos finales de la industria electrointensiva española con los de sus principales competidores europeos, alemanes y franceses, alcanza los 35 y 64 €/MWh, respectivamente, es decir que en España pagamos un 135% más que en Francia y un 45% más que en Alemania. 

Han transcurrido ya diez días desde la aprobación del RDL 23/2021, que revisa las condiciones de la minoración por el impacto del precio del gas, y ninguno de los asociados en AEGE ha recibido ofertas de contratos bilaterales de las eléctricas dominantes a precios competitivos. Esta situación presiona aún más a la industria electrointensiva, máxime cuando todavía no han sido retiradas alguna de las cartas que enviaron las eléctricas dominantes a los grandes consumidores industriales invalidando los PPAs firmados antes del 14 de septiembre de 2021.

Son necesarias y urgentes medidas a corto plazo, ya, que permitan que la industria electrointensiva pueda hacer frente a los costes eléctricos en 2022, de otra forma las consecuencias serán imprevisibles. La energía de las subastas del RECORE que está analizando el Gobierno, podría ser una solución de corto plazo junto con otras medidas regulatorias como la exención del 80% del peaje de transporte y la máxima compensación, autorizada por la Comisión Europea, del CO2 indirecto, estimada en 450 millones de euros para 2022, que viene reclamando AEGE al Gobierno, reiteradamente, desde hace tiempo. 

Evidenciada la nula reacción de las eléctricas dominantes a la petición del Gobierno, pese a las medidas aprobadas por éste, las electrointensivas necesitan que el Ejecutivo adopte, con la máxima urgencia y sin ningún tipo de demora, medidas en el corto plazo para mejorar su competitividad. Está en juego la supervivencia de la gran industria básica española. 

La situación está obligando a retrasar las inversiones para descarbonizar las plantas como consecuencia del brutal incremento de coste de la factura de electricidad. Este año 2021, el sobrecoste del suministro eléctrico para estas compañías va a suponer 1.500 millones de euros, en relación con lo que pagarán sus principales competidores directos europeos.