La industria está alzando la voz de alarma. La competitividad de sus productos, pero también las contrataciones o incluso su propia viabilidad en algunos casos, se está viendo gravemente perjudicada en un escenario en el que la mayoría aún no se ha recuperado del golpe de la pandemia. Desde las grandes industrias a los comercios y bares de menor tamaño, pasando por los autónomos, no hay un sector que se libre de un alza que ha llegado de manera imprevista.
Llevan años reclamando unos costes de la energía más ajustados a los de los países del entorno europeo para poder competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, el diferencial no solo no se palia sino que con esta crisis aumentará: según los datos recogidos por la AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía), el precio medio del mercado diario de 2021 cerrará en 87,2 euros/MWh, mientras que en Alemania será de 74,8 y en Francia de 80,1. Según el último dato recogido por el barómetro de AEGE, correspondiente a este lunes 30 de agosto, el precio de la electricidad para la industria electrointensiva se situó en 96,82 euros/MWh (incluyendo costes regulados, impuestos, compensaciones), frente a 41,62 de Francia y 62 euros de Alemania.
“Nunca habíamos conocido algo así”, destaca el presidente de honor de la Asociación de Grandes Industrias (AGI) del Campo de Gibraltar, Antonio Moreno, en la prensa local. “Antes pensábamos en 70 euros el Mwh y ya era una locura. Tampoco hemos conocido antes el coste actual de la tonelada de CO2, que está en 56 euros”, detalla el que fuera director de Acerinox.
Moreno destaca que la industria tiene la opción de comprar energía a futuros, pero en los últimos años el mercado diario era más rentable que a futuros y en general no se habían formulado grandes contratos en esta materia. También están los acuerdos de compra de potencia (PPA por sus siglas en inglés), pero cubren solo una parte de la energía a consumir. Por lo tanto, las grandes industrias están sufriendo el alza continuada del coste de la electricidad y del gas, hasta tal punto que “en algunas empresas los gastos en estos conceptos se están poniendo al mismo nivel que las nóminas”. Una parte de ese coste no se podrá repercutir en el producto porque corresponda a producciones ya comprometidas en un determinado precio. Y en los casos en que sí es posible, el resultado final es “un perjuicio en la competitividad de las empresas españolas frente a las de otros países con menores costes”.
